El abogado penal Ariel Quiroga denunció tres posibles casos de Covid-19 en la estación de Policía de El Rodadero y agregó que a los contagiados no se le está prestando la atención necesaria frente al virus.

Quiroga argumentó que su denuncia se basa en un audio y fotografías que recibió por parte de personas que se encuentran detenidas en la mencionada estación policial, quienes solicitan una atención digna frente a la problemática que se está presentando.

“Son celdas que no sobrepasan un área de 3 por 3 y en cada una de estas hay alrededor de 16 personas recluidas, duermen uno encima de otros…Hay sospechas de casos de Covid-19 en esas instalaciones y no se están tratando de la mejor manera y debida forma. Nosotros como abogados ya presentamos una tutela que busca que se le garantice la atención digna a estas personas”, explicó el abogado, quien agregó que esa estación policial hay cerca de 70 reclusos, quienes comparten un solo baño.

Indicó que esto no es lo único irregular que viene presentándose en la estación policial. “Desde el mes de septiembre tengo unos clientes detenidos en esas instalaciones y a ninguno de los reclusos le brindan alimentos, están violando un derecho, es una obligación del Estado colombiano proveerle alimentos a los detenidos”, añadió.

Quiroga dijo que estas personas están recluidas en esa estación policial por el hacinamiento que se registra en la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta. “Si el Estado no tiene la capacidad para retener a esas personas de una manera más humana, quienes no han sido condenadas, hasta ahora se presumen inocentes, entonces deben estudiar la posibilidad de cobijarlos con la medida de casa por cárcel”.

Señaló que el llamado nuevamente es la Defensoría del Pueblo para que se apersone en torno a esa problemática, al igual, que a la delegada de los Derechos Humanos en temas carcelarios. “Ya en este centro se presentó una violación a los derechos con una tortura  realizada a uno de mis clientes, quien salió de estas instalaciones engañado y fue presionado en la Fiscalía, eso se lo hicimos saber a la Defensoría que en esa oportunidad respondió que ellos no podían nada que hacer nada en el caso porque los detenidos tenían abogados privados y nosotros lo que le pedimos fue acompañamiento en temas de Derechos Humanos”, puntualizó Quiroga.